El Senado aprobó la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

El Senado sancionó este sábado por la madrugada la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva impulsada por el Gobierno, que fija un nuevo impuesto sobre el dólar, restablece las retenciones agropecuarias y suspende por 180 días la movilidad jubilatoria. Con 41 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención fue aprobado el proyecto en la Cámara alta. Sólo resta su publicación en el Boletín Oficial para que quede promulgada la misiva.

El grueso de los votos los aportó el oficialista Frente de Todos. Pero también colaboraron algunos legisladores de fuerzas provinciales, como Lucila Crexell (Neuquén) y Alberto Weretilnek (Río Negro). Carlos Reutemann (Santa Fe), aliado de Juntos por el Cambio, también apoyó el texto.

La ley, denominada de solidaridad social y reactivación productiva, declara once emergencias en diferentes materias y áreas, que van desde la social hasta la sanitaria, las que regirán hasta el 31 de diciembre del año próximo.

La norma habilita al Poder Ejecutivo a subir las retenciones hasta tres puntos más para la soja y el trigo y traslada sobre la clase media la principal carga del ajuste fiscal que impulsa la administración de Alberto Fernández para poder cumplir con la deuda con los acreedores externos contraída por la administración macrista.

Al aumento de las alícuotas de Bienes Personales, manteniendo el mínimo no imponible, se suma la creación del denominado impuesto PAIS, que carga con una alícuota del 30% a la compra de divisas extranjeras, tanto para su atesoramiento como para las compras realizadas en el exterior con tarjetas de débito o crédito.

Los artículos más criticados por la oposición fueron los relacionados con la suspensión de la actualización de las jubilaciones por 180 días, plazo en el cual los aumentos de los haberes del sector pasivo serán otorgados por decreto del Poder Ejecutivo.

Otra facultad legislativa delegada en el Poder Ejecutivo lo habilita a realizar las gestiones que considere necesarias para garantizar la sustentabilidad de la deuda pública.